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La formación del profesorado en la encrucijada.

No es extraño escuchar, incluso entre quienes se dedican a la enseñanza, que, dada la situación de crisis en que vive el país, y más concretamente Andalucía, sería lógico adoptar medidas de recorte también en lo que se refiere a la formación del profesorado. Habitualmente además, esta opinión viene acompañada de alguna valoración personal poco positiva acerca de la calidad y la utilidad de esa formación.

Lo exigible a la formación en estos tiempos (reitero, y en cualquier otro) es que se plantee con unos objetivos claramente definidos, que busque la mejora real de la práctica educativa, que responda a las necesidades del profesorado y de la sociedad de la que alumnado y profesorado forman parte, y que resulte eficiente. Como lo han demostrado muchos centros de profesorado obligados a encontrar recetas imaginativas, todo eso se puede lograr con un coste más que razonable. Un profesor mal formado incide negativamente en la formación de su alumnado, y, al final, es la sociedad entera la que se ve perjudicada. Y lo que esta sociedad necesita, sobre todo, es personal cualificado, es decir, formado. Apostar por la formación del profesorado es sinónimo de apostar por la educación de un país. Es lamentable tener que insistir en lo evidente, pero habría que volver a recordar la frase de Derek Curtis Bok, no por tópica, menos rotunda “Si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia”. Prescindamos de la formación del profesorado y veamos qué pasa. No me gustaría estar aquí para comprobarlo.

La formación del profesorado es, precisamente en tiempos como los que vivimos, una de las pocas opciones que tiene una sociedad como la nuestra de asegurarse una salida, si no inmediata, sí garantizada, de la crisis. Las grandilocuentes declaraciones de quienes afirman que el futuro de un país está en sus escuelas olvidan a veces que la escuela no es un mero recipiente material, y que quienes la hacen eficaz (o no) son los profesionales de la educación. Y que también en ese campo resulta imprescindible la actualización del profesorado en lo referente a tendencias pedagógicas, planteamientos metodológicos, formación en idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, etc. Baste en este aspecto imaginar qué conocimientos tecnológicos tendrían cualquier profesor o profesora que finalizaron sus estudios cuando el ordenador era una herramienta novedosa y al alcance solo de los más atrevidos, de no haber sido por la ingente actividad formadora que se ha desarrollado en Andalucía en los últimos treinta años.

No cabe duda de que ahora (pero no solo ahora) cada euro invertido en formación, o en educación, o en sanidad, o en cualquier otro sector en el que las administraciones públicas deben asegurar el acceso de la ciudadanía en condiciones de igualdad, debe estar plenamente justificado y gastarse de forma eficiente. Tampoco cabe duda de que hay en nuestro sistema de formación aspectos manifiestamente mejorables y recursos materiales y humanos que pueden y deben organizarse buscando una mayor calidad y eficiencia. Pero que sea exigible partir de un planteamiento riguroso es una cosa, y que la formación del profesorado sea prescindible es otra muy distinta. Nadie en su sano juicio propone que, para ahorrar costes en sanidad, deba suprimirse de un plumazo la actualización de los profesionales sanitarios en lo referente a nuevos sistemas de diagnóstico, en nuevas técnicas quirúrgicas o en los avances tecnológicos aplicables a la medicina. Y ningún profesional de la sanidad, por otra parte, tendría futuro alguno en su profesión si pensase que, con lo que aprendió en sus etapa universitaria, le basta para ejercer la medicina el resto de su vida. Por no hablar, claro está del escaso futuro de sus pacientes.